Por: Carlos Andrés Naranjo Sierra
Por estos días el dolor y la desesperanza han vuelto a campear por nuestro país invitados por el cruel asesinato del pequeño Luis Santiago Lozano a manos de un par de sicarios fleteados por su propio padre, Orlando Pelayo. Con el ánimo de conjurar esta amarga realidad, que por cierto no es nueva, se han alzado numerosas voces pidiendo la pena de muerte o, por lo menos, la cadena perpetua para criminales de esta talla.
Desde el Senado de la República, el Concejo de Medellín y los medios de comunicación se ha venido liderando, de un tiempo para acá (con mayor fuerza desde el programa del caso Garavito expuesto por “Pirry” en el canal RCN), una cruzada popular en pro de la prisión perpetua o la pena capital para los violadores y/o asesinos de niños, proponiendo un referendo con el fin de reformar la Constitución nacional en sus artículos 11 y 34 que tratan sobre la inviolabilidad de la vida y la prisión perpetua respectivamente.
A riesgo de parecer indolente ante tan deplorables acontecimientos, debo decir que no creo que la pena de muerte ni la cadena perpetua tengan un efecto significativo sobre este tipo de conductas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Academia Americana de Psiquiatría (DSM-IV) define este tipo de comportamientos, asesinato y violación, como “un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años”.
Habría que analizar caso por caso pero no creo que sea demasiado aventurado afirmar que muchos de estos violadores y asesinos, de niños o no, pueden padecer una alteración de la conducta llamada Trastorno antisocial de la personalidad, que consiste básicamente en la búsqueda de la propia satisfacción sin importar el costo material o psicológico que ello pueda ocasionarle a los demás y sin que asome el menor remordimiento.
Por ello se afirma que la gran mayoría de los violadores y abusadores no se redimen ante las penas o los castigos y que vuelven a cometer esta clase de horrores. Entonces, si la gran mayoría de violadores y abusadores no se redimen ¿qué sentido tiene endurecer la pena para tratar de evitar el delito? Y si como sociedad decidimos eliminar a este tipo de personas ¿cómo podremos estudiar a fondo estos casos para evitar que situaciones similares sigan presentándose?
Algunos pueden argumentar que es precisamente para evitar que estos sujetos incorregibles queden en libertad que debería aplicársles la pena de muerte o la cadena perpetua. Ante esta otra posición se puede afirmar que es un hecho que con el paso de los años estos personajes ya no ofrecen el peligro del que se les acusa y por el cual estarían confinados a la reclusión. No tendría consistencia jurídica que un abuelo de 80 ó 90 años permanezca en prisión por ser una amenaza para la sociedad como violador o asesino, claro que aún falta investigación en este aspecto.
La psicología, la psiquiatría, la neurología, la sociología y el derecho tienen todavía mucho que aprender y proponer en estos casos, si las propuestas basadas en la pena de muerte y la cadena perpetua, las dejan. Se muestra claro que estas alternativas de incremento de penas no lograrán atacar la raíz del problema, y lo que es peor, ni siquiera tendrán efectos significativos sobre la frecuencia y la intensidad de la actuación indeseable.
Esta es una invitación a pensar con calma y eficacia y no con prisa y apasionamiento. Este tipo de «soluciones» por lo general no conducen a mejores horizontes de largo plazo ni para los niños ni para nadie y sólo alimentan un debate mediático y político que sirve para que unos cuantos canales aumenten su rating y un puñado de servidores públicos hagan su festín electoral a partir del dolor y la desventura ajenas. Lo cual además de ser verdaderamente indolente y perverso, debería ser sancionado. Eso sí, no con la pena de muerte ni con la cadena perpetua.